Con al menos 25.000 personas matadas en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó el Ejército mexicano en la batalla contra los cárteles, tres preguntas siguen sin respuesta: ¿Quiénes se mueren, quiénes están matándolos, y por qué se mataron? Este es evidentemente considerado un asunto sin importancia para los líderes de EE.UU. en las discusiones sobre los estados fallados, narco-estado y la falsa afirmación de que la violencia se está extendiendo a través de la frontera.
El Presidente Calderón ha declarado repetidas veces que el 90 por ciento de los muertos están conectados a organizaciones de la droga. Estados Unidos ha aprobado esta declaración en silencio y la financia con 1,4 mil millones de dólares a través del Plan Mérida, el plan de asistencia de tres años aprobado por el gobierno de Bush en 2008. Sin embargo, el torrente diario de las cuentas en la prensa local de Ciudad Juárez deja en claro que la mayoría de las víctimas de asesinato son mexicanos comunes quienes mágicamente se transforman en miembros del cartel de drogas antes de que su sangre se seque en las calles, aceras, terrenos baldíos, salas de billar y bares donde caen plagados de balazos. Juárez es la zona cero en esta guerra: más de una cuarta parte de los 25,000 muertos que el gobierno mexicano admite que desde diciembre de 2006 se han producido en esta ciudad fronteriza una de poco más de 1,5 millones de personas, casi 6.300 a partir del 21 de julio 2010. Cuando tres personas adjunta al Consulado de EE.UU. en Ciudad Juárez fueron asesinados en marzo de este año, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que los asesinatos "el último recordatorio terrible de la cantidad de trabajo que tenemos que hacer juntos".
¿Qué es exactamente este trabajo?
Nadie parece saberlo, pero en el suelo es la muerte. La guerra de Calderón, con la asistencia de los Estados Unidos, aterroriza a la población mexicana, genera miles de abusos documentados contra los derechos humanos por la policía y el Ejército mexicano e inspira mentiras de los políticos estadounidenses que la violencia se está extendiendo a través de la frontera (de hecho, se disminuía en el lado de la frontera EE.UU. por años).
Se nos habla de una guerra contra las drogas que no tiene ningún efecto observable sobre la distribución de medicamentos, precios o de ventas en Estados Unidos. Se nos dice que el Ejército mexicano es incorruptible, cuando el propia oficina de derechos humanos del gobierno mexicano ha recogido miles de quejas de que el Ejército ataca, secuestra, roba, tortura, viola y mata a los ciudadanos inocentes. Se nos ha dicho en ocasiones repetidas que es una guerra entre los cárteles o que es una guerra por el gobierno mexicano contra los carteles, pero no se presentan evidencias para respaldar estas afirmaciones. La evidencia que tenemos es que los asesinatos no se investigan, que pocos militares se mueren, que miles de mexicanos han presentado declaraciones juradas alegando abuso, a menudo mortal, por el ejército mexicano.
Esta es la política de EE.UU. en pocas palabras: que pagamos los mexicanos a matar a los mexicanos, y esta masacre no tiene efecto sobre los cargamentos de droga o de los precios.
Esta guerra convierte en algo personal. Un amigo llama a altas horas de la noche de Juárez y dice que si es asesinado antes de la mañana, asegúrese de decirle a su esposa. Nunca se le ocurre llamar a la policía, ni se te ocurra.
Un amigo que es un periodista mexicano huye a los Estados Unidos porque el Ejército mexicano ha llegado a su casa y planea matarlo para escribir una noticia que desagrada a los generales. Él es rápidamente enviado a la cárcel por el Departamento de Seguridad Nacional porque se le considera una amenaza para la sociedad estadounidense.
En el lado mexicano, se perseguían a una madre, a su padrastro y a su hija embarazada en una carretera en el Valle de Juárez, y se mataron a balazos en su coche, mientras que dos niños pequeños miraban. Por el lado de EE.UU., un hombre recibe una llamada telefónica y su padre le dice: "Me estoy muriendo, me estoy muriendo, estoy muerto." Él escucha a su hermana rogando por su vida, "No me mates. No, no me mates". Cree que su sobrina y sobrino son muertos también, pero son llevados a un hospital rociados con vidrios rotos. El niño vio a su madre morir, la cabeza reventada por las balas. Un primo espera en un estacionamiento rodeado de eslabón de cadena y alambre de púas en el lado EE.UU. del puente para que se entreguen los cadáveres, para llevarlos a casa. Al día siguiente, la familia llega a los estacionamientos de dos restaurantes de comida rápida en su ciudad natal de Las Cruces, Nuevo México para lavar los carros. Unas muchachas jóvenes en pantalones cortos de color rosa ondean carteles. Lavarán coches y aceptarán donaciones para ayudar a enterrar a sus padres y a su hermana, para comprar ropa para dos huérfanos pequeños. "Esto acabó de ser una familia", dice Cristina primo, recogiendo donaciones en una bolsa con cremallera. Ella dice que están en estado de shock, el impacto total de lo que ha sucedido todavía no se ha asimilado. Así que por ahora, van a recaudar el dinero que necesitan para cuidar a los niños. Una familia americana.
O bien, visite la sala donde nueve personas fueron asesinadas a balazos en agosto de 2008, mientras que levantaron los brazos para alabar a Dios durante una reunión de oración. Cuarenta horas después, las moscas zumban sobre lo que perdura en las grietas en el suelo de baldosas y huellas de las manos sangrientas marca de la pared. Este fue el escenario de la primera de varias matanzas en masa en los centros de rehabilitación de drogas donde al menos cincuenta personas han sido masacradas en los últimos dos años en Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua. Un pastor evangélico que sobrevivió a la masacre de la noche dijo que vio un camión lleno de soldados estacionado en la final de la calle de cien metros del edificio y que el fuego de rifles automáticos se prolongó durante quince minutos.
O bien, hable con un ex miembro del cártel de Juárez, que se sorprende al enterarse de un nombramiento del nuevo gabinete del presidente Calderón porque él dice que utilizó para entregar maletas de dinero al hombre como el pago del cártel de Juárez.
La afirmación de que el noventa por ciento de los muertos son delincuentes parece el mejor de los que se auto-engaño. En junio de 2010, El Universal, un diario en la Ciudad de México, señaló que el gobierno federal había investigado sólo el 5 por ciento de los primeros 22.000 ejecuciones, según el material confidencial entregado al Senado de la República por el Procurador General de México. Lo que constituía una investigación no se explica.
El 21 de junio, Crónica, otra prensa de la Ciudad de México, presentó un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en que se examinaron más de 5.000 denuncias presentadas por ciudadanos mexicanos contra el ejército. Además de los incidentes de violación, asesinato, tortura, secuestro y robo, el informe describe las escenas como la siguiente: "01 de junio 2007, en la comunidad de La Joya de los Martínez, Sinaloa de Leyva: Unos miembros del Ejército se acampaban en la orilla de la carretera, tomando bebidas alcohólicas. Dos de ellos fueron ebrios y probablemente bajo la influencia de alguna droga. Abrieron fuego contra un camión que conducía por la carretera que transportaba a ocho miembros de la familia Esparza Galaviz. Un adulto y dos menores murieron. Los soldados arreglaron sacos de marihuana descomponiéndose en el vehículo que había sido atacado y mataron a uno de sus propios soldados, cuyo cuerpo se organizó en la escena del crimen para indicar que los conductores civiles habrían sido los agresores y había matado al soldado. "
La CNDH también dio los nombres de los militares como responsables de las muertes de Martín y Brayan Salazar Almanza, quienes tenían 9 y 5 años, el 3 de abril de 2010, cuando viajaron a la playa en Matamoros con su familia. Lo único destacable acerca de estos casos es que nunca fue de dominio público. Muchas más víctimas y sobrevivientes permanecen en silencio, con miedo de denunciar lo que les ha sucedido a cualquier funcionario o periodista mexicano.
Estos incidentes pasan desapercibidos en la prensa de EE.UU. y, aparentemente, no captan la atención de nuestro gobierno. Tampoco el hecho de que en medio de lo que es llamado repetidamente una guerra contra los cárteles de drogas por los gobiernos estadounidense y mexicano y la prensa, los soldados mexicanos parecen inmunes a las balas. Con más de 8.000 mexicanos muertos sólo en 2009, el ejército informó de pérdidas de treinta y cinco ese año. Según Reporteros sin Fronteras, un total de sesenta y siete periodistas han sido asesinados en México desde 2000, mientras que otros once han desaparecido desde 2003. México es ahora uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. Y posiblemente el lugar más seguro del mundo para ser soldado.
Cuando hay una masacre digna de mención, el gobierno mexicano dice que demuestra la industria de la droga se está desmoronando. Cuando hay un período de paz relativa, el gobierno mexicano dice que muestra que su política está ganando. En la noche del 15 de julio, una bomba de coche explotó por control remota en el centro de Juárez, matando al menos a tres personas--un policía federal, una víctima de secuestro vestido de uniforme de policía y utilizada como señuelo, y un médico que acudió al lugar de su despacho privado para ayudar a decenas de personas heridas en la explosión. Un mensaje de graffiti le atribuyó la explosión al cártel de Juárez y la afirmó como una advertencia a la policía que trabajan para el cártel de Sinaloa.
El 20 de julio, el embajador de México en los Estados Unidos, Arturo Sarukhan, redujo al mínimo los bombardeos Juárez, diciendo que no estaba dirigida indiscriminadamente contra los civiles y que no indicó ningún aumento de la violencia. Él repitió la declaración de procurador general mexicano, Arturo Chávez, que la motivación para el atentado fue económica, no ideológica, y que "no tenemos evidencia en el país de narco-terrorismo". El embajador de EE.UU. en México Carlos Pascual también indicó que esta violencia en México, que también incluyó un ataque con granadas contra el consulado de EE.UU. en Nuevo Laredo hace unos meses, "es preocupante, pero no ha alcanzado el nivel de terrorismo". Se supone que debemos creer en sus pruebas de que el 90 por ciento de los muertos son delincuentes, pero que no tienen ninguna evidencia en absoluto del narco-terrorismo? Esto, a pesar de numerosos incidentes de granadas y otros explosivos utilizados en los ataques recientes en los estados de Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Sonora y muchos otros lugares en México. Y que "comandos armados" vestidos de soldados y empuñando ametralladoras de alta potencia son testigo de las escenas de cientos de masacres documentadas desde 2008.
Nadie pregunta ni responde a esta pregunta: ¿Cómo beneficia una escalada militar en el negocio del tráfico de drogas que no ha disminuido en lo absoluto durante los últimos tres años de hiper-violencia en México? Cada año, se eleva el número de muertes, cada año no hay ninguna evidencia de cualquier interrupción en el suministro de drogas a los consumidores estadounidenses, cada año los Estados Unidos afirma renovación de su apoyo a esta guerra. Y cada año, las reivindicaciones básicas acerca de la guerra van incuestionables.
Hagamos de esta simple: nadie sabe cuántos están muriendo, nadie sabe quién los está matando y nadie sabe el papel de la industria de droga en estos asesinatos. No ha habido ninguna investigación de los muertos y por eso, nadie sabe realmente si fueran criminales o por qué murieron. No se han realizado entrevistas con jefes de las organizaciones de drogas y por eso nadie sabe realmente lo que están pensando o lo que están tratando de lograr.
Es difícil tener una discusión útil sin hechos, pero parece ser muy fácil hacer política sin hechos. Podemos mirar hacia adelante a menos hechos e más afirmaciones gubernamentales incuestionable y sin fundamento. Tal como la respuesta por el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, para un informe de 2008 de El Diario de Juárez, que una de cada tres ciudadanos Juárez creía que el ejército de ocupación de la ciudad había logrado poco o nada. "Aquellos que se sienten de esta manera, es porque sus intereses resulten afectados o porque son pagados por los narcotraficantes", dijo. "¿Quiénes son estos ciudadanos?"
El general Jorge Juárez Loera, el primer comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, lo expresó así: "Me gustaría ver a los reporteros cambiar sus artículos y en vez de escribir sobre una más víctima de homicidio, que digan: 'uno menos criminal.’ "
*Traducido al español por Megan del artículo original en inglés: "Who Is Behind the 25,000 Deaths In Mexico?" por Charles Bowden y Molly Molloy. (http://www.thenation.com/article/37916/who-behind-25000-deaths-mexico)
Una familia sufrió ver el asesinato de su hijo de 18 años, el menor de tres delante de tu tienda. La mamá oyó los balazos y corrió afuera solo para descubrir a su hijo en un charco de sangre. Lo abrazaba hasta que se entregó su espíritu. 
Estas son solamente unas pocas de las familias a que MPT ha acompañado. La semana pasada mientras hacía cola en la tienda de abarrotes, una señora empezó a conversar conmigo. Acabamos de leer el titular del periódico, 
El luto con que se debe enfrentarse durará meses y hasta años. Se dice que no hay dolor más fuerte que lo de una madre perdiendo a su hijo. ¡Qué más poderoso es el dolor cuando la muerte es tan trágica y hay tantos padres testigos de tales muertes!
